Los festejos taurinos en la Región han caído a la mitad en dos años

La plataforma "La tortura no es cultura" ha denunciado que la Asociación Taurina Parlamentaria (ATP) esté "dando voz a empresarios y ganaderos a través de sus apoyos políticos en el Congreso" para presionar al Parlament y que dé marcha atrás a la ley que prohíbe los toros en Cataluña a partir de 2012. Esta práctica de la ATP es "inaceptable" y "una falta de respeto" hacia los ciudadanos catalanes y hacia los principios democráticos, ha afirmado en un comunicado la portavoz de esta plataforma, Marta Esteban.

"Exigimos que el lobby taurino y sus apoyos políticos -concluye Esteban- dejen de manipular la realidad democrática y unos datos inequívocos que no expresan otra cosa que la verdadera opinión popular".

La plataforma recuerda que la falta de público ya obligó a cerrar algunas plazas de Cataluña, como las de Olot, Girona y Tarragona, y afirma que en otras tres comunidades "la afición está bajo mínimos", como es el caso de Asturias, Galicia y Baleares, donde se celebraron menos de diez festejos en 2009.

Apuntan, igualmente, que esa misma "crisis" sobrevuela a las "potencias taurinas", como lo demuestra la caída en un 53% de festejos en la Región entre 2007 y 2009; el 41% en Andalucía; el 31% en Castilla-La Mancha o el 26% en Madrid. Entre estas comunidades se encuentran algunas, como Murcia, de las que promueven en sus parlamentos la declaración de Bien de Interés Cultural a los toros.

Doble vara de medir con Canarias

La plataforma "La tortura no escultura", en la que se integran 18 asociaciones antitaurinas, critica los intentos de la ATP -a la que pertenecen el portavoz en el Senado del PP, Pío García-Escudero, y la ex ministra de Cultura Carmen Calvo, entre otros-, para que se dé marcha atrás a la Ley, porque es una decisión tomada por un parlamento, explica Esteban.

La portavoz ha añadido que se trata de una Ley "planteada, debatida y aprobada de manera democrática conforme con la legalidad en todo momento". También critica la plataforma los 600 millones de euros que, según sus cálculos, el Gobierno español destina anualmente "al fomento y protección de la industria taurina; cantidad -añade la portavoz- que se vería incrementada aún más si los asuntos taurinos se derivasen al Ministerio de Cultura, o se declarase a la fiesta Bien de Interés Cultural".

Además, los miembros de "La tortura no es cultura" denuncian "los tintes nacionalistas que los taurinos quieren dar a la nueva ley de Cataluña", cuando en el caso de Canarias, que prohibió las corridas en 1991, "no dijeron absolutamente nada".