La juez ordena paralizar el desmontaje de los restos

La justicia tendrá los ojos vendados pero, desde luego, no es ciega. El clamor popular llegó ayer a los oídos de la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, en funciones de guardia, que ordenó la paralización cautelar de las obras de «extracción, almacenamiento y reubicación de los restos arqueológicos del Jardín de San Esteban, que fue acordado por la resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de 30 de noviembre».

Esta decisión se adoptó, según informan fuentes judiciales, después de que la Fiscalía Superior de la Comunidad presentara ayer una denuncia ante el juzgado de guardia por los presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico. La denuncia del Ministerio Público solicitaba la paralización de las obras de desmontaje de los restos y el juzgado decidió adoptar esa medida cautelar.

La juez indica en el auto que toma esa decisión judicial «en aras de evitar un perjuicio de muy difícil reparación». La paralización, apunta, se mantendrá «mientras se practican las diligencias indispensables, tales como recabar informes de órganos consultivos, realizar informes periciales y demás que resulten pertinentes». La magistrada no ordena, sin embargo, detener la excavación en la zona.

La orden judicial llegó ayer a la zona del yacimiento pasadas las 16.30 horas en manos de un secretario judicial y de dos responsables del servicio de protección de la naturaleza (Seprona) de la Benemérita. Los operarios que trabajaban en el desmontaje abandonaron de inmediato el yacimiento, en un mar de abucheos por parte de vecinos y miembros de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Patrimonio Arqueológico.

Responsabilidad política

Precisamente esta plataforma fue la primera en llevar el caso a los tribunales, presentando varias denuncias tanto en los juzgados como ante el Seprona. La semana pasada los miembros de la plataforma presentaron también una denuncia en Fiscalía.

El Ministerio Público considera que, ante la importancia de los restos arqueológicos hallados en San Esteban y la decisión tomada por el Gobierno regional de proseguir las obras del aparcamiento, algún cargo político podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación, al tomar una decisión injusta a sabiendas. La denuncia de la Fiscalía no señala, sin embargo, a ningún responsable y lo deja en manos de la investigación judicial.