Una juez falla por primera vez que pegar a una profesora es un atentado y lo castiga con cárcel

Golpear o insultar a un profesor ha empezado a pagarse muy caro: con años de cárcel. La agresión a una profesora de un colegio de Cieza ha sido calificada por primera vez por un fiscal de la Región como un delito de atentado contra un funcionario público, y no como una simple falta, como ocurría hasta ahora.

La diferencia entre las dos calificaciones es de peso: si se califican como delito las agresiones y amenazas o intimidaciones ejercidas contra los profesores, suponen un delito de atentado penado por los artículos 550 y 551 del Código Penal, castigado con hasta tres años de cárcel, mientras que si se trata de una falta, el castigo se reduce a una simple multa.

La primera sentencia que califica la agresión a una profesora como delito se ha dictado hace apenas dos semanas en la Región. La juez ha condenado a un año de prisión y a una multa 90 euros a una mujer que se presentó en un colegio de Cieza y sin mediar palabra agredió con el casco de su moto a la jefa de estudios del centro, a la que gritó: 'Tú que has hecho a mi hermana, que te has cagado en sus muertos'. Los hechos ocurrieron en junio de 2007. Al parecer, la docente agredida había llamado a su despacho a la estudiante y a otro sobrino de la acusada y les había recriminado porque el chico había abofeteado a otra compañera de estudios. La madre del alumno lo negó, y mantuvo una discusión con la dirección del centro. Después de la agresión, la profesora sufrió una contusión y una crisis de ansiedad y estuvo diez días de baja. La magistrada ha considerado que se trata de un delito de atentado contra un funcionario público penado por los dos artículos citados, tal y como pedía el fiscal.

En este caso, la condenada no pisará a la cárcel porque carecía de antecedentes penales, pero tendrá que hacer efectiva la multa de 90 euros. Sin embargo, si repitiera la agresión y fuera condenada de nuevo, o se tratara de otra persona con antecentes, tendría que ingresar en prisión. Aunque en 1994 sí se dictó una sentencia similar, la iniciativa no partió del fiscal, sino del abogado del docente.