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PILAR WALS
Viernes, 6 de marzo 2009, 09:49
En las oficinas de la empresa municipal de limpieza, Limusa, -según reza en el informe sobre la denuncia tributaria por posibles ilícitos contra la hacienda cometidos por la empresa Cabo Cope Naturaleza que han llevado a la puesta en marcha de la - se llevaba la «contabilidad de las empresas tanto el blanco u oficial, como las ventas en negro».
Y se añade que en las dependencias municipales «se confeccionan las declaraciones fiscales, se emiten las facturas de venta con IVA, se dan los recibos de los importes cobrados sin IVA, se controlan los extractos bancarios de las sociedades y se mueve el dinero propio de dichas sociedades».
En la caja fuerte de Limusa «se distingue el dinero de estas empresas al venir en sobres identificados». Además, desde sus oficinas, «se remiten faxes a los clientes, a empresas inmobiliarias que actúan como agentes de ventas, a las entidades bancarias».
En el informe de la denuncia también se hace constar que se actúa en la más absoluta «impunidad», y con «abuso del poder que le confiere su cargo, [en alusión al ex director de Limusa, Francisco Gil Eguino] obligando al personal de las oficinas de la empresa municipal a realizar los trabajos anteriormente indicados».
En el encabezado de la página a modo de introducción se señala que el motivo del presente informe tiene su origen en la presentación de varios escritos de denuncia por parte de Jacinto Parra Arcas ante la inspección de la Agencia Tributaria de Murcia. El denunciante, trabajador de Limusa, manifiesta, en lo que respecta a posibles irregularidades fiscales, que en la sede de la empresa para la que trabaja Limpieza municipal de Lorca, «se vienen utilizando recursos y personal para gestionar sociedades privadas dedicadas a la promoción inmobiliaria vinculadas a Francisco Ignacio Gil Eguino, director de la empresa.
El 14 de mayo de 2007 el trabajador aportó un CD que contiene datos con «trascendencia tributaria relativos a las empresas, Cabo Cope Naturaleza, Inversiones Umbe, Invermed y Vía Urbe, empresas que según manifiesta, «se encuentran cosntruyendo viviendas en urbanizaciones de Calabardina y el Hornillo de Águilas». En el informe también se señala que se estima que las «ventas ocultas» pueden alcanzar los «500 o 600 millones de pesetas desde el año 2002».
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