Calamita defiende que retrasó la adopción de una niña por una lesbiana porque quería asegurarse de que eso no le causaría daño

Llegó ayer a su cita con la justicia puntual y convencido de su inocencia. La silla que le esperaba en la sala era cómoda, de mayor postín que la que habitualmente se proporciona a los acusados comunes. No en vano, estaba destinada a acoger la fisonomía de un juez: Fernando Ferrín Calamita. Un magistrado que, hace escasos meses, impartía los dictados de la diosa de ojos vendados. Una justicia que, según el Ministerio Fiscal y la acusación particular, podría no haber sido tan ciega. Calamita se sentó ayer en el banquillo para defenderse de las acusaciones que le apuntan por prevaricación, al retardar a conciencia, presuntamente, la adopción de una niña, Candela, por parte de una lesbiana, Vanesa de las Heras, esposa de la madre biológica de la pequeña. Él asegura que, a lo largo de los dos años que el proceso se dilató en su juzgado, «sólo velaba por los intereses de la menor».

El juicio contra Fernando Ferrín Calamita, conocido por sus polémicas decisiones judiciales, se inició ayer en la Audiencia Provincial de Murcia con la declaración del acusado. El magistrado suspendido, que en un primer momento se negó a contestar, no tuvo reparos en asumir que había solicitado múltiples informes del gabinete psicosocial de la Comunidad, en los que pedía que se le informase minuciosamente sobre las consecuencias que para la pequeña Candela podría tener esta adopción homosexual. «Yo sólo quería un perito aséptico que me dijera si crecer en esa familia la iba a perjudicar», aseguró.

«Son cobayas humanas»

El Fiscal Jefe de la Comunidad, Manuel López Bernal, y la acusación particular, encabezada por José Luis Mazón, pusieron ayer en duda la intención del juez, asegurando que éste se movía guiado por una «animadversión hacia la orientación sexual de las mujeres». Un término que el magistrado negó rotundamente en la sala. Pese a la firmeza de su asentimiento, más tarde, a la salida del juicio, realizó declaraciones a los medios de comunicación en las que aseguraba que «hay informes que dicen que los hijos adoptados por homosexuales son cobayas humanas», o insistía en «que un niño necesita de un padre y una madre, porque un hombre y una mujer son complementarios; dos mujeres, no».

Otro de los términos que el interrogatorio de Calamita trató de desvelar son las razones por las que éste pidió un informe sobre la idoneidad, no sólo de la madre adoptante, sino de la biológica, para criar a la menor. «La verdad es que ese informe lo dictaron las funcionarias de mi juzgado», aseguró el juez; «yo lo firmé sin darme cuenta».

Pese a su petición, lo cierto es que ninguna de las dos madres tuvo que comparecer finalmente a esa entrevista. Las psicólogas de la Comunidad emitieron un informe positivo varios días antes de que ésta se produjese. Un hecho y un informe que, según él mismo admitió, enfadó a Calamita. «El informe decía que ellas se querían mucho y que eran felices, de lo que me congratulo, pero que no era lo que yo quería saber».

La acusación particular recordó, en el juicio de ayer, otros párrafos de este informe que tampoco consiguieron convencer al magistrado. En éstos se asegura que «la niña se encuentra feliz, corretea y ríe».

Una realidad que tampoco convenció al juez, que solicitó un último informe. En éste, Calamita lanza cuestiones como: «¿No es un derecho del menor el ser insertado en una familia normal, compuesta por dos personas del mismo sexo?»; «¿no es alta la probabilidad, por ejemplo de que sea homosexual, imitando el patrón que ha vivido en casa?»

Una actuación por la que el Fiscal le pidió ayer cuentas. «Hay opiniones a favor y en contra de estas adopciones homosexuales y yo quería asegurarme», relató Calamita, «Tengo informes negativos a la adopción, como uno de la Universidad de Sevilla, que podría haber adjuntado a un auto de rechazo de la adopción». Un texto que, aseguró el magistrado, tenía redactado en su ordenador, pero que decidió no enviar.

Un defensor para la menor

La última de las cuestiones por la que Calamita fue ayer preguntado fue su decisión de asignar un defensor judicial para la menor. «Será una irregularidad procesal, pero no una prevaricación», aseveró el magistrado; «lo que yo pretendía era acelerar el proceso y ahora, paradójicamente, se me acusa de retardarlo».

Calamita trató ayer de mudar su condición de acusado por la de víctima, concretamente de un presunto chantaje. El magistrado, que ha alertado en múltiples ocasiones de que iba a ser sometido a un juicio político, denunció ayer que el abogado de la acusación particular, auspiciado por el fiscal jefe de la Comunidad, le habían ofrecido archivar la causa si éste accedía a irse de Murcia y a pagar 10.000 euros al letrado Mazón. Una propuesta que el abogado negó ayer tajantemente. Ésta no es, sin embargo, la única presión que Calamita denuncia. El juez dice también haber sufrido acoso laboral por parte del presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, que se apartó voluntariamente de la causa. Varias acusaciones de las que asegura tiene certeras pruebas pero que, por el momento, se guarda en una manga.