La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en la Fundación de la UCAM

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas del Reino, Olayo González Soler, considera que hay indicios que pueden ser «constitutivos de ilícitos penales» en la Fundación San Antonio que gestiona la Universidad Católica de Murcia. Por este motivo, ha remitido la documentación a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, según ha podido saber La Verdad. Esta Fiscalía estudiará el contenido de una denuncia formulada meses atrás contra la Fundación que dirige José Luis Mendoza, tras lo cual admitirá a trámite la causa o, por el contrario, la archivará.

En el punto de mira está el entramado societario de la Fundación San Antonio, y en especial la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa en Los Dolores, donde la UCAM tiene previsto construir su nuevo campus. En este caso, se trata de determinar si se produjeron irregularidades en la operación de subasta. En lo que respecta a las cuentas de la Fundación, y por extensión de la Universidad Católica, el Tribunal de Cuentas no ha encontrado responsabilidades contables a la vista de los datos que aportó el denunciante.

Investigación contable

Olayo González Soler confirmó ayer a este diario que días atrás remitió dicho oficio a la Fiscalía Anticorrupción, dado que en su ámbitoel Tribunal de Cuentas no ha encontrado base para actuar. El fiscal jefe recibió la denuncia el pasado mes de mayo, acompañada de una exhaustiva documentación relativa a «presuntos ilícitos en la UCAM». González Soler abrió diligencias de investigación preprocesales y, tras el estudio de las mismas, ha pasado el caso a Anticorrupción. Éste manifestó ayer a La Verdad que dicho departamento «estudiará detenidamente la documentación. De eso estoy seguro. Lo que no puedo decirle es si después admitirá el caso o lo rechazará». Precisó que lo que más le «preocupa» es la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa a la Fundación.

Más competencias

El fiscal jefe apuntó que, en lo que atañe al Tribunal de Cuentas, no se ha encontrado indicios de irregularidades en la UCAM. «En la denuncia no había datos contables suficientes para detectar que existieran partidas de gastos injustificadas. No había manera de abordar el caso por nuestra parte, y pensé que la forma más adecuada de estudiarlo ha sido remitirlo la Fiscalía Anticorrupción, atendiendo al volumen de negocios y ante la posibilidad de que estuvieran implicados funcionarios públicos. La Fiscalía Anticorrupción es la que puede tener más competencias en este asunto».

Olayo González explicó, por último, que el Tribunal de Cuentas no puede reclamar la contabilidad de la UCAM porque se trata de una entidad privada. Sí actuaría en el supuesto de que hubiera de por medio subvenciones de organismos públicos.

Según el denunciante, «los presuntos ilícitos» en la Universidad Católica se ciñen a un supuesto «entramado societario» dirigido por José Luis Mendoza y su familia, «con fines y actuaciones de muy dudosa legalidad». Considera que «se ha creado toda una serie de sociedades satélites a la Fundación que rige la UCAM, donde Mendoza y su familia son administradores y probablemente titulares de esas sociedades limitadas que sirven a la universidad privada. Estas sociedades satélite no tienen ingresos económicos, ni personal contratado, conforme a la documentación que obra en el Registro Mercantil», apunta la denuncia. «El presidente de la Fundación, José Luis Mendoza, se dedica a contratar con sociedades limitadas de las cuales es su administrador y probablemente su propietario».

Explica que una de esas sociedades «se ha quedado con el 90% de los terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa y sólo el 10% es de la Fundación». En este punto, el denunciante cree que hubo «irregularidades» en la venta de los terrenos de Los Dolores, en Cartagena. La denuncia se cursó al Tribunal de Cuentas después de que trascendiera la noticia de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas había abierto una investigación sobre posibles irregularidades en la venta de terrenos e infraestructuras de Defensa. Sostiene que el general que se encargó de la venta de los terrenos a la UCAM «es el mismo que está ahora imputado por hechos similares. Es decir, que tras una subasta fallida se procedió a vender los terrenos mediante un convenio con la Fundación que administra la UCAM y con una sociedad limitada. Creemos que hay base para que se investigue», subraya la denuncia.