El parricidio de Santomera causa alarma entre familiares de enfermos mentales

¿Podría haberse evitado la muerte de Teresa Macanás, víctima del trágico parricidio de Santomera del que hoy se cumplen diez días? Ángelo Carotenuto, un enfermo mental que padece un grave trastorno esquizoafectivo, decapitó a su madre y paseó su cabeza por la localidad. Superada la primera conmoción ante un crimen tan horrendo, éste es el interrogante que se ha situado en el epicentro del debate.

A esta pregunta y a otras tantas relacionadas con el tratamiento que los enfermos mentales reciben en la Región se les trató de hallar respuesta en el programa El Debate de este martes dedicado, en esta ocasión, al tratamiento que reciben estas personas. ¿Qué hacemos con nuestros enfermos mentales? ¿Cómo evitar que un episodio tan atroz vuelva a repetirse?

Representantes de los principales sectores implicados en la toma de responsabilidades se dieron cita en el plató de Canal 6: el juez Julio Guerrero, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia, que conoció y condenó en alguna ocasión a Carotenuto; Francisco Toledo, psiquiatra de la Unidad de Agudos de La Arrixaca y profesor de la Universidad de Murcia, Miguel Ángel Miralles, gerente del IMAS (Instituto Murciano de Acción Social), de la Consejería de Política Social; Delia Topham, vicepresidenta de FEAFES, la federación regional de asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, y Carlos Giribert, responsable de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud.

«Ni esquizofrenia, ni trastorno bipolar son sinónimos de peligrosidad». Con esta afirmación, Toledo quiso ser el primero en saltar a la palestra ante la «estigmatización» que, asegura, sufren los enfermos mentales. Casos como el de Santomera no ayudan a que la imagen que la sociedad tiene de estas personas mejore y la generalización es un peligro que este experto no está dispuesto a correr. «Estadísticamente -recordó- el no enfermo mental es más peligroso que el enfermo mental».

Sus afirmaciones fueron claramente asentidas desde uno de los entornos más afectados, el familiar. «No es cierto que los enfermos mentales sean agresivos», sentenció Topham. «Sólo un 2,5% de ellos cometen actos violentos y son casos en que éstos no son conscientes de su enfermedad y abandonan la medicación».

La no criminalización de los enfermos mentales y la falta de recursos sociosanitarios fueron los dos campos de lucha de Topham. «No hay respuesta por parte de la Administración», criticó, «no hay sitio para meter a estos enfermos».

Miralles, ante la alusión, se entretuvo en desgranar los vericuetos burocráticos que precisa el internamiento de un enfermo en un centro. La incapacitación, que a menudo se requiere, fue ampliamente debatida entre los invitados. «Si no hubiera incapacitación, o intención por parte del enfermo, sería como meterlo en una cárcel contra su voluntad».

Giribert , para tratar de explicar la difícil situación que atraviesan las familias de estos enfermos, denunció abiertamente el olvido de los enfermos mentales en la redacción de la Ley de Dependencia, ya en vigor. «La ley incluye a estas personas, pero no hay baremos consensuados sobre ellos y no se les atiende correctamente».

Un 'eureka' judicial

Guerrero, haciendo gala de su apellido, debatió con firmeza una supuesta responsabilidad judicial en el internamiento de los enfermos mentales, que no compartía. «La responsabilidad, si el enfermo mental no se interna, no recae sobre el juez, si no sobre el médico».

El juez lanzó, asimismo, una propuesta, que ya había reflejado con anterioridad en las páginas de este diario, y con la que, cree, se podrían reducir las descompensaciones de este tipo de enfermos, que a menudo son la causa principal del problema. «A los drogadictos cuando un juez les obliga a someterse a un tratamiento de deshabituación se les controla, en su domicilio, para que tomen la metadona», explicó; «Si un día no aparecen o no la toman, se avisa al juzgado y asunto cerrado». ¿Por qué no extrapolar esas precauciones también a estos enfermos?