El Tripartito dice que hubo un «pacto de silencio» con la ministra sobre el Segre

El conseller de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat, Francesc Baltasar, admitió ayer que mantuvo desde noviembre un «pacto de silencio» con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que se mantuvo hasta una vez pasadas las elecciones generales del 9 de marzo. Señaló que el 29 de noviembre se reunió con Narbona y le pidió transportar agua en barcos, a lo que Narbona le respondió positivamente y apuntó que podía aportarse desde Carboneras (Almería). «Le planteamos además que convendría, pese a las medidas humanas, una aportación, que podría ser una punzada -trasvase puntual- en el Segre de las características determinadas y limitadas, y la cara ya no fue la misma, pero evidentemente se comprometieron a estudiarlo», relató.

Baltasar, añadió que entonces le dijeron que, dentro del pacto de silencio, el tema no se tratase en ese momento, «en el sentido de no formularlo públicamente». «Me dijeron: Por favor, este tema no lo tratemos ahora que estamos en un periodo preelectoral», apuntó.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, pidió ayer «solidaridad» a los catalanes con sus «compatriotas», advirtiendo de que, aunque «todo el mundo tiene derecho a disponer de agua para su actividad, antes hay otro derecho más sagrado, que es tener agua de boca y a nadie se le puede negar». Montilla reclamó que no se inicie una «absurda guerra del agua entre los catalanes». En la sesión de control en el pleno del Parlament, Montilla aseveró que la captación temporal de agua del Segre, «si se ha de hacer se hará», y que el Govern no tendrá «miedo de tomar medidas que puedan disgustar a sectores o colectivos».

El vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, por su parte, abogó por que cualquier trasvase, aunque sea puntual y de emergencia como el caso del Segre, deba contar con una ley aprobada por el Parlament.

El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, puntualizó ayer que, frente a las acusaciones de insolidaridad que recibe por oponerse a trasvases en la cuenca del Ebro, Aragón nunca ha dicho que el Ebro sea de su propiedad, sino que sólo propone políticas en relación con el agua.

«Nosotros nunca hemos dicho que el Ebro sea propiedad de los aragoneses», insistió Iglesias. «Somos partidarios de resolver los problemas pero hay fórmulas que lo resuelven mejor y con menos problemas», recalcó.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, por último, también terció en la polémica y pidió «coherencia» en la política hidrológica nacional, para que la estrategia de oposición a los trasvases del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se aplique en toda España. Indicó que esa filosofía contraria a los trasvases «lleva a un horizonte cierto», que es a la caducidad del «único trasvase vivo de importancia» que hay en España, el Tajo-Segura.