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El jefe de la Policía Local es conducido por agentes de la Guardia Civil. / J.F.M.
Detienen al alcalde de Totana y a tres personas más por supuesta corrupción
OPERACIÓN 'TÓTEM' CONTRA LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA SIGUEN LAS DETENCIONES LOS CUATRO DETENIDOS AYER EN TOTANA

Detienen al alcalde de Totana y a tres personas más por supuesta corrupción

Entre ellos está el jefe de la Policía Local, la secretaria del Consistorio y un empresario Permanecerán arrestados al menos hasta el domingo, cuando la juez les tome declaración

GUILLERMO HERMIDA

Viernes, 30 de noviembre 2007, 10:43

José Martínez Andreo se convirtió ayer en el primer alcalde de la Región detenido por un caso de corrupción urbanística. El primer edil totanero pasó la noche de ayer en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia, donde llegó poco antes de las 20 horas. Martínez Andreo tuvo que afrontar una maratoniana jornada -once horas- de registros en el Ayuntamiento, del que salió saludando y sonriendo entre aplausos de sus partidarios y gritos de «chorizo» y «corrupto» de sus detractores.

El alcalde se suma así a los seis detenidos en la denominada Operación Tótem el lunes. Pero el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sumó ayer también a la lista de arrestados al jefe de la Policía Local de Totana, Alfonso Canales; a la secretaria del Consistorio, Laura Bastida; y al empresario local Pedro Martínez Ruiz, posiblemente por su relación con el anterior alcalde y diputado regional, Juan Morales, al que ayer le fue retirado el pasaporte e intervenido un ordenador personal.

Once horas de registro

Martínez Andreo fue abordado por los agentes a las 7.30 de la mañana, cuando se preparaba para acudir a una cita en la Consejería de Asuntos Sociales en Murcia. De allí fue trasladado en un coche de la Guardia Civil al Ayuntamiento, donde permaneció hasta las 19 horas, cuando partió hacia la Comandancia de Murcia.

Tanto a Andreo como al resto de los detenidos ayer se les imputan -en distinto grado- los delitos de cohecho, falsificación de documentos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

Prácticamente a la misma hora en que interceptaban al alcalde, los agentes iniciaban el registro de la concejalía de Urbanismo, los servicios de Intervención municipal y la sede de la empresa de promoción de suelo industrial y vivienda protegida, Proinvitosa, en el polígono industrial El Saladar. Todas las instalaciones fueron desalojadas de sus trabajadores y funcionarios, muchos de los cuales asistieron atónitos a la intervención policial.

Al tiempo, los seis detenidos en la primera fase de la investigación llegaban a la sede de los juzgados de Totana para empezar a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 1, María Asunción Navarro. La juez decidió, tras tomar declaración a cuatro de los seis en una jornada que terminó a las 21.30 horas, prorrogar su situación y aplazar hasta hoy -cuando previsiblemente acaben sus testimonios y varios careos entre ellos- su decisión sobre su situación judicial.

Los agentes de la Unidad Central Operativa intervinieron numerosa documentación -sólo del Ayuntamiento se llevaron hasta ocho cajas- en los distintos registros, que se ampliaron a una caja de seguridad propiedad de Martínez Ruiz.

La lista de detenidos e imputados por la Operación Tótem se eleva así hasta las 12 personas. El lunes fueron arrestadas seis personas e imputadas la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, y una ciudadana brasileña -actual compañera del ex primer edil- a la que se imputa un delito de blanqueo de dinero. Al resto se les acusa formalmente de cohecho y tráfico de influencias. También está imputado en el caso el hasta el miércoles abogado de Juan Morales, Javier Cegarra.

No se descartan más detenciones en una operación que fuentes de la investigación no dudan en calificar de «abierta», y que ha extendido su objeto más allá del convenio de la pedanía de El Raiguero y que ahora trata de aclarar si todo el urbanismo local, basado la pasada legislatura en la figura del convenio urbanístico, está corrompido. Las comisione supuestamente pagadas alcanzan los dos millones de euros. ALERTAS LA VERDAD I Este periódico informó ayer de esta noticia a los abonados al 5242. Sea el primero en saber las últimas noticias de la Región, dándose de alta enviando ALTA LAVERDAD al 5242.

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