La Fiscalía abre diligencias para investigar Novo Carthago y la adjudicación del Puerto de San Pedro

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha abierto de oficio diligencias sobre el proyecto de urbanización denominado "Novo Carthago", en el Mar Menor, y sobre la adjudicación de las obras del puerto deportivo de San Pedro del Pinatar.

Fuentes de la Fiscalía informaron hoy de que esta decisión se adoptó a raíz de las declaraciones hechas a los medios de comunicación tanto por el presidente de la Región, Ramón Luis Valcárcel, como por el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, relativas a su intención de remitir al fiscal los expedientes de los citados temas.

Valcárcel, según recoge hoy el diario La Opinión, anunció ayer, después de una reunión con alcaldes del PP, su intención de enviar al Ministerio Fiscal el expediente de "Novo Carthago", para que se demuestre "que su tramitación se desarrolló conforme a la ley".

Además, el consejero Bascuñana hizo pública también ayer su decisión de enviar el expediente de la adjudicación de las obras del puerto de San Pedro a la Fiscalía, tras asegurar que tenía la tranquilidad de "hacer las cosas ajustadas a ley" y anunciar que dimitiría si se advirtiera alguna irregularidad en el proceso.

El PSOE pidió a primeros de noviembre la creación de una Comisión parlamentaria en la Asamblea Regional para investigar las "relaciones más que importantes" entre el proyecto de urbanización de Novo Carthago, en una superficie de 590 hectáreas en las inmediaciones del Mar Menor, y empresas vinculadas a la trama marbellí.

La portavoz parlamentaria socialista Teresa Rosique, que advirtió de una serie de "despropósitos" en la tramitación administrativa de este proyecto, denunció también la pasada semana que el consejero de Obras Públicas "adjudicó a dedo" a socios del alcalde de San Javier, José Hernández, del PP, el puerto deportivo de San Pedro del Pinatar.

Según Rosique, está adjudicación podría contravenir la Ley regional de Puertos, la de Contratos de las Administraciones Públicas, y la ley 4/97 de Construcción y Explotación de Infraestructuras de la Región.