Bascuñana afirmaque dimitirá si hay irregularidades en la adjudicación del puerto de San Pedro del Pinatar

El consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, anunció hoy que presentará ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia el expediente para la adjudicación de la explotación del nuevo puerto deportivo de San Pedro del Pinatar, y aseguró que dimitirá si se advierte algún tipo de irregularidad en el proceso.

En rueda de prensa, Bascuñana hizo estas declaraciones en respuesta a la portavoz socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, quien pidió que se extienda al consejero de Obras Públicas la investigación interna del PP sobre la gestión urbanística del alcalde de San Javier porque, según el PSOE, el puerto deportivo lo adjudicó la Consejería "a dedo, a socios" de ese primer edil marmenorense.

Bascuñana exigió asimismo a Rosique que renuncie a su cargo si los tribunales no advierten ilegalidades en el proceso administrativo llevado a cabo en Obras Públicas, puesto que -subrayó- "la adjudicación de esta concesión es absolutamente legal y ajustada a la ley regional de puertos de 1996".

"Quien diga lo contrario deberá demostrarlo porque en política no vale todo", afirmó Bascuñana, quien añadió que "en ningún momento se puede afirmar que yo soy el consentidor de tropelías urbanísticas, (en referencia a Rosique), y como tengo la tranquilidad de hacer las cosas ajustadas a ley presentaremos toda la documentación de este caso a la Fiscalía".

En cuanto a la adjudicación del puerto a la empresa Peinsa, Bascuñana dijo que ésta forma parte de la UTE concesionaria de su explotación y que, además, el proceso se efectuó en 2003, antes de que el alcalde de San Javier, José Hernández, tuviese relación mercantil con su propietario.

Por otro lado, afirmó que la Consejería ha facilitado al PSOE "toda la información requerida" sobre este proyecto, señaló que "no es lógico que esa documentación se utilice en parte", y explicó que para el nuevo puerto deportivo de San Pedro no hubo concurrencia pública, como critica la oposición, porque la ley en vigor entonces, de 1996, no obligaba a que se efectuaran concursos.

En ese sentido, aclaró que esa ley estaba en consonancia con la ley básica del Estado y que la reforma efectuada en 2005 por la Administración regional sí obliga a que se convoquen concursos para la explotación de puertos, lo que ha hecho que haya concurrencia pública para nuevas dársenas en Cabo de Palos y Aguilas, entre otras localidades.

Joaquín Bascuñana informó además de que la ley de contratos del Estado y de explotación de infraestructuras no eran de aplicación en su día para el nuevo puerto de San Pedro, que se construyó a iniciativa del sector privado, como establecía la antigua normativa regional, explicó.

Sobre los adjudicatarios de esa marina, el consejero dijo que la intervención de su departamento se basó en buscar el consenso entre los impulsores de dos propuestas similares de actuación para San Pedro del Pinatar, una vez denegado el proyecto de ampliación del puerto existente presentado por los propios concesionarios.

Al respecto, informó de que después de que la Consejería desoyera la solicitud de ampliar el puerto existente, la empresa New Capital 2000 S.L. presentó un proyecto para la construcción de una nueva dársena, y al poco tiempo llegó otro proyecto similar del presidente del club náutico de San Pedro, José María García, representante además de una UTE formada por el propio puerto, la constructora Peinsa 97 y la mercantil Inversiones Hipotecarias del Mediterráneo S.L.

Bascuñana reiteró que, ante la similitud entre ambas iniciativas, convocó un primer encuentro entre las partes para tratar de alcanzar el consenso "puesto que todos buscábamos el mismo objetivo", y afirmó que, al cabo de un tiempo y tras reuniones con pescadores, acuicultores y empresas de servicios, los dos proyectos se sumaron en uno, que resultó adjudicatario al 50 por ciento.

Por otro lado, dijo que durante el proceso administrativo se efectuaron las correspondientes consultas a instituciones y organismos afectados, como Ayuntamiento de San Pedro, Capitanía Marítima y Demarcación de Costas, y aseguró que las alegaciones, defectos o sugerencias de mejora advertidas entonces se subsanaron antes de la adjudicación.

En ese sentido, el consejero llamó a Teresa Rosique "embustera" por "mentir siendo consciente de ello para hacer daño", aseguró que el PSOE emplea "medias verdades" al hablar de alegaciones e informes contrarios a la adjudicación, y subrayó que la portavoz socialista "debe dimitir si tiene decencia", tras el informe del fiscal, "porque en política no vale todo".