El Ministerio también culpa al regadío

El estudio de impacto ambiental elaborado por los técnicos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para conseguir el 'vertido cero' al Mar Menor es un documento de lectura obligada. Para todos, pero especialmente para los políticos y sector económico, que no terminan de aceptar lo que ya nadie pone en duda: la agricultura intensiva como la principal responsable del 'shock' ecológico del humedal después de varias décadas de contaminación por nutrientes y mala gestión del territorio y del agua. Esta es la principal conclusión del informe preparado durante dos años por el Gobierno central, que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado y del que ha informado este miércoles en 'La Verdad' mi compañero Manuel Buitrago.

El documento del Ministerio es un palo para la industria agrícola, pero sobre todo a la gestión de la cuenca vertiente y la permisividad ante la extensión incontrolada de los cultivos de regadío sobre y alrededor de un ecosistema muy frágil y con grandes valores naturales, ahora en peligroso retroceso. Hasta el informe de la Fiscalía parece quedarse corto ante los argumentos puestos negro sobre blanco en el boletín oficial. Un relato que desnuda la actuación tanto del Gobierno regional como del central a través de la Confederación Hidrográfica del Segura. No en vano, en el 'caso Topillo' están imputados por presuntos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente el exconsejero Antonio Cerdá y los expresidentes de la CHS José Salvador Fuentes Zorita y Rosario Quesada, además de otros antiguos altos cargos y empresarios agrícolas.

Es cierto que el equipo técnico de la ministra Isabel García Tejerina y la secretaria de Estado María García Rodríguez (ambas en funciones y ya de salida) apunta también hacia otras actividades económicas, como la ganadería, el urbanimo y el turismo, pero destacan que el porcentaje del regadío se ha multiplicado por cinco, aumentando del 12% al 63% de la superficie agrícola total.

Al Gobierno regional, alineado con el sector agrícola, no le ha gustado este estudio. A través de su consejera portavoz, Noelia Arroyo, ha anunciado hoy mismo que presentará numerosas alegaciones «de la mano» de los afectados. «Hay medidas con las que estamos de acuerdo y otras que son manifiestamente mejorables. Vamos a reunirnos con los sectores implicados para conocer sus puntos de vista», ha comentado. Arroyo no ha concretado más porque se está analizando el documento, aunque sí ha manifestado que el Ejecutivo autónomo preferiría construir un salmueroducto, una de las opciones contempladas en el informe, aunque desaconsejada.

En formato telegrama, estos son los puntos más importantes del documento técnico:

1. Se proponen cuatro escenarios de actuación, aunque los técnicos se inclinan por los dos más avanzados, que garantizarían la recuperación total del ecosistema.

2. Es un plan ambiental para recuperar el Mar Menor, no un plan para el regadío. Es decir, el modelo agrícola tendrá que adaptarse a los condicionantes ambientales necesarios para salvar la laguna, lo que podría obligar a cambiar el modelo en un 35% de la superficie de cultivos, donde habría que aplicar técnicas ecológicas.

3. Se citan 21 medidas para alcanzar el 'vertido cero', como aislar y clausurar los pozos involucrados en 'contaminación cruzada'; menor (y mejor) uso de los fertilizantes; control de la erosión, almacenamiento de excrementos de la ganadería; restauración hídrico-forestal de las cuencas mineras; mejoras en los sistemas de saneamiento y depuración; gestión de residuos agrícolas; actuaciones en golas, extracción de sedimentos y restablecimiento de hábitats; y recuperación ambiental de espacios litorales.

4. No a las balsas de almacenamiento y salmueroductos y sí a una red central de tratamiento y vertido, en el Mojón (San Pedro del Pinatar) y Arco Sur (Cartagena), apoyado en 102 pozos (separados cada 1.200 metros y situados en terrenos públicos) para drenar entre 12 y 20 hectómetros al año y limitar así la descarga en el Mar Menor y el aporte de nutrientes.

5. Coste económico y plazos: entre 430 y 615 millones de euros durante diez años.

El estudio de evaluación ambiental se somete ahora a exposición pública durante 45 días para que los afectados puedan presentar alegaciones. Podéis consultarlo en este enlace. ¿Algún comentario?