Caso Mar Menor: 37 nombres y apellidos

La esperada denuncia del fiscal superior por la degradación del Mar Menor, que ayer a mediodía nos puso el turbo en las redacciones, no solo asigna nombres y apellidos a los presuntos y principales culpables de un proceso sostenido en el tiempo que ha llevado a la laguna casi al shock ecológico, 37 personas y empresas entre ex altos cargos (13) y agricultores y sociedades agrarias (24); sobre todo desvela unos hechos que a nadie extrañan a estas alturas pero que ponen los pelos de punta cuando los leemos en un documento con el membrete del Tribunal Superior de Justicia.

Me refiero a la dejación total de la Comunidad Autónoma y la Confederación Hidrográfica del Segura en su labor de vigilancia de los vertidos agrícolas cargados de nitratos, su complicidad con un sector agrario tan rentable (en lo económico y lo político) como contaminante que no solo ha provocado que se pudra el ecosistema, sino que ha creado 20.000 hectáreas de regadío ilegal en el Campo de Cartagena que han ejercido una presión añadida en un humedal que también ha tenido que digerir estériles mineros, vertidos urbanos y agresiones urbanísticas. La sopa verde es el resultado de tanta desidia y desprecio por el medio ambiente, el bien común y la salud de las personas.

La querella de José Luis Díaz Manzanera es muy sólida, está sostenida por una documentación abrumadora y la investigación es tan amplia y minuciosa que prácticamente le ha entregado la instrucción hecha al juez, me apuntan juristas expertos en legislación ambiental. Esto es muy importante para acelerar un proceso judicial que podría eternizarse si el trabajo del fiscal no fuera tan completo. Ahí está el juicio por la contaminación del río Segura, en el que los acusados fueron absueltos hace unos días después de 18 años de instrucción, con numerosos parones, por prescripción del caso.

¿Esto va a suponer un antes y un después? Debería. El fiscal deja claro que la contaminación del Mar Menor puede constituir un delito contra el medio ambiente y de prevaricación continuada. Así que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras ("los regantes son mi gente", dijo el miércoles cuando se les adhirió en la manifestación por el agua en Murcia) y de él hacia abajo ya saben cuál es el camino. La administración (Comunidad Autónoma, ayuntamientos, Confederación Hidrográfica del Segura) tienen mucho trabajo por delante pero al menos ya saben lo que no se puede seguir haciendo.

Os resumo los principales datos de la querella y algunas consideraciones del fiscal muy reveladoras.

Trece ex altos cargos de la Comunidad Autónoma y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Antonio Cerdá Cerdá. Exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente

José Salvador Fuentes Zorita. Expresidente de la CHS.

Rosario Quesada. Expresidenta de la CHS.

Francisco Moreno. Ex secretario general de la Consejería de Agricultura.

Ángel García Lidón. Ex director general de la Consejería.

Ginés Vivancos. Ex director general de la Consejería.

Joaquín Maestre Albert. Ex director general de la Consejería.

Francisco González Zapater. Ex jefe de servicio y actual director general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura.

Manuel Aldeguer. Excomisario de Aguas de la CHS, actual director general de Agua en la Generalitat valenciana.

E. A. S. Ex jefe de servicio de la Consejería.

J. E. C. Ex jefe de servicio de la CHS.

J. M. R. S. Ex jefe de servicio de la CHS.

B. M. M. Ex jefe de servicio de la CHS.

Veinticuatro agricultores y sociedades agrarias.

AAH, FMRA, FJVM, AASL, GGC, JGG, RMP, MAM, ASF, BVG y JPLR, ISP, JMS, SOC CC, APSL, EL C. SA, CO SL, AE SL, IN SL, VA SL, GSE SL y GSE H SL, AE SL y GFM.

Llama la atención que el fiscal acuse a casi todo el organigrama del exconsejero Antonio Cerdá pero deje fuera a Miguel Ángel Ródenas; el actual presidente de la CHS fue director general del Agua con Cerdá y hombre de su máxima confianza. Díaz Manzanera asegura en su querella que la CHS comenzó a adoptar medidas de control a partir de 2012, así que entiendo que ese tiene que ser el motivo.

Importante: ninguno de los acusados está aún imputado. Primero la titular del juzgado de instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín, a quien ha correspondido el caso, debe admitir la querella a trámite, lo que se da por hecho. Después, los acusados tendrán que prestar declaración; tras ese trámite, la juez decidirá si los imputa o no.

"Hace al menos 15 años que es evidente el elevado grado de contaminación por nutrientes en toda la comarca, que a través de la escorrentía superficial o subterránea vierte hacia el Mar Menor".

"Sorprentemente y de forma reiterada, a lo largo de al menos los últimos 15 años, ni se ha protegido el Mar Menor en los términos exigidos, ni se ha cumplido la normativa descrita en muchos supuestos".

"Las actividades agrarias son las que aportan la mayor cantidad de nitrógeno al acuífero (...) con prácticas inadecuadas: uso excesivo e indiscriminado de fertilizantes, dotaciones elevadas de agua o riegos mal planificados" .

La Consejería de Agricultura "no ejerció el debido control sobre las prácticas agrícolas, ya que no existen expedientes sancionadores que controlen las infracciones que obviamente se han cometido".

"Esas funciones de gestión y de control se ha demostrado en los últimos años que han dejado mucho que desear pese al nivel de importancia y protección del Mar Menor".

"La problemática se ha desbordado hasta el punto que hay que reconocer, lamentablemente, que es de muy difícil solución ambiental, tornándose hartamente complicada la recuperación de este hábitat único".

La gestión de la laguna "se puede considerar caótica o nefasta desde el aspecto medioambiental, tanto para el Mar Menor como para el acuífero y, por ende, para todo el ecosistema, situación que parece venir derivada de una postura generalizada de no querer asumir ni resolver un problema desde su origen, pese a ser conocedores de que iba a llegar más pronto que tarde".

"La retirada de las 19 banderas azules por parte de la Unión Europea es otra consecuencia más de la desastrosa situación ambiental del Mar Menor por la mala calidad del agua de baño".

Según el fiscal, el salmueroducto desmontado ahora por la CHS no tenía la función de desviar la salmuera hacia una depuradora, sino que era una simple tubería para verterla al Mar Menor. Hasta 3.300 toneladas de nitratos habrían estado llegando cada año el humedal procedentes de las desalobradoras.

Sobre las desalobradoras ilegales (más de mil), el fiscal señala que habría que levantar todo el Campo de Cartagena con retroexcavadoras para desmantelar la interminable red de tuberías que ha contaminado el Mar Menor.

"Todos los agricultores denunciados en este escrito eran conocedores de que los vertidos de sus desalobradoras iban a parar al Mar Menor".

La Consejería de Agricultura siguió concediendo subvenciones de fondos europeos a las empresas agrícolas infractoras. Solo se controló el destino del 0,005% de las ayudas.

El fiscal propone medidas cautelares, como fianzas que se presuponen millonarias por la cantidad "en que se valoren los daños sufridos por el ecosistema", que deberán abonar los denunciados una vez que se concreten. Y requerir "a los agricultores denunciados que se abstengan de verter el rechazo de sus desalobradoras a cualquier cauce público o aguas públicas".

Querella del fiscal en este enlace.

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